viernes, 23 de agosto de 2019

EL COMBATE A LA INSEGURIDAD PÚBLICA

EL COMBATE A  LA INSEGURIDAD PÚBLICA


Las cifras relacionadas con la inseguridad son muy preocupantes en algunas zonas del planeta. Si bien no hay recetas mágicas para combatir esta lacra social, hay algunas pautas que resultan claves para reducir el impacto de las distintas formas de delincuencia:

- Detectar las causas que generan violencia (desigualdad económica, delincuencia organizada, corrupción policial, etc.).



- Incrementar el presupuesto destinado a los cuerpos de seguridad y potenciar la colaboración transnacional de los cuerpos policiales.

- Adoptar medidas preventivas (educación en valores, concienciación ciudadana a través de los medios de comunicación, etc.).

- Desarticular el crimen organizado y sus ramificaciones con medios policiales especializados.

- Promover un sistema de justicia eficaz que permita agilizar el combate contra la delincuencia.

La tasa de homicidios es un indicador clave:



Al hablar de inseguridad, los expertos y analistas deben manejar datos objetivos sobre algunos parámetros, tales como tipos de delitos, número de víctimas, número de denuncias, etc. 

La tasa de homicidios es, probablemente, el indicador que mejor expresa el clima de violencia de una nación.

La seguridad pública dependerá de la eficacia y coordinación con que trabajen las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, juntamente con las condiciones políticas y sociales del país en cuestión.

La seguridad pública debería ser un servicio universal, que abarque y alcance a todas las personas y sus bienes. 



Sin embargo, en el mundo, muchos Estados carecen de la capacidad o la organización para salvaguardar realmente la seguridad pública de sus ciudadanos, lo cual deriva en situaciones de incertidumbre, estrés e inestabilidad que son perjudiciales para una convivencia social armónica.

UN EJEMPLO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA


¿Qué es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en México?

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con 7º de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan sus atribuciones entre las cuales destacan las siguientes:

Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.

  • Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.
  • Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.
  • Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.
  • Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, entre otras.


Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, autoridades penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y municipal trabajan de manera conjunta, lo que permite que el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la Estrategia de Seguridad del Estado.

Misión y Visión del Sistema Nacional

 de Seguridad Pública.



Misión

Articular y coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia, constituyéndose en un Sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo y plenitud.

Visión

El Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con la aceptación ciudadana y sus reglas son observadas; sus instrumentos, instituciones, organizaciones y normas están perfectamente articulados; previene y/o controla lo previsible y reacciona actuando sobre lo imprevisible; mantiene condiciones favorables para el desarrollo humano y social, por lo que no es perceptible por la sociedad por su grado de eficacia; hay confianza de que atiende los fenómenos delictivos; es un sistema periférico y no central.

Facultades y Objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Facultades



  • Formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad pública.




  • Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.



  • Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.




  • Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.




  • Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.




  • Establecer y controlar bases de datos criminalísticas y de personal.




  • Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de seguridad pública.




  • Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública.


  • Objetivos

    • Contar con servicios de información efectivos en el combate a la delincuencia y la corrupción.
    • Reforzar y fomentar esquemas de interacción y coordinación interinstitucional.



    DEFINIENDO LA SEGURIDAD PÚBLICA


    La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.

    La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.

    LA SEGURIDAD PÚBLICA DEPENDE DE:

    1.    El poder legislativo que establece las normas de juego para el funcionamiento del sistema de seguridad, es decir, el régimen legal.

    2.    El poder ejecutivo responsable de producir hechos dentro del sistema legal vigente, que permitan alcanzar los objetivos y finalidades que la seguridad publica impone.

    3.    El poder judicial, responsable de aplicar la ley a quienes han infringido las normas legales, en este caso sobre la seguridad.




    El poder Nacional deberá́ tener en cuenta la capacidad de:

    1.    Aplicarlo teniendo en cuenta el mantenimiento de una relación de poder favorable, o revirtiendo una desfavorable.

    2.    Hacer cumplir las normas de seguridad fundamentales a la población, mediante la educación y el consenso.


    3.    Controlar estrictamente el empleo de su poder para los objetivos y finalidades de la seguridad, es decir la protección de la población. Para ello debe estar en condiciones de detectar y sancionar al funcionario que emplea el poder para su interés personal.

    Dado que se ha enfatizado que el poder es una relación, se debe metodológicamente estructurar el sistema de seguridad, teniendo en cuenta la capacidad real de su violencia con respecto a la de la delincuencia (sea individual o grupal), de tal manera que pueda contener a estos.

    LA SEGURIDAD PÚBLICA EXIGE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES PODERES CONSTITUTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL.

    El gobierno, debe en forma irrenunciable preocuparse por proporcionar un marco de ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura.

    Este marco se basa en la constitución nacional, los pactos internacionales incorporados por el país a su ordenamiento jurídico, las leyes y los decretos reglamentarios.

    Un sistema de seguridad pública es responsable de organizar el mismo, en la vía pública y en sectores abiertos de acceso de la población y en lo privado, solo lo que ha podido establecer como acuerdos y coordinaciones preparados oportunamente.


    La seguridad pública, tiene responsabilidades irrenunciables que se refieren a los delitos de orden público, generalmente consignados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo, en particular en lo que hace a procedimientos. Esta responsabilidad, no se limita a la prevención, dado que es total, incluyendo la contención, la investigación, el procesamiento, la represión y la reeducación de los penados.

    No hay seguridad sin vigencia de los derechos humanos.
    No puede una población ser amparada en sus derechos humanos, sin seguridad.

    La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional. Su principal finalidad, en la seguridad de la población.

    E l poder diseñar un  sistema nacional de seguridad pública , debe de ser imprescindible que se establezca con claridad las responsabilidades que le competen a cada poder del estado (en el sentido de gobierno nacional) e incluso de los Gobiernos Regionales.

    Por ser un sistema, deberán participar todos los integrantes del Estado, desde el nivel más alto al más bajo.

    Para estos fines se necesita que la ejecución sea descentralizada, que esta se materialice en la vigencia y respeto al régimen legal. 

    La previsión y disuasión se constituyen en los pilares principales; todo esto se deberá completar con la capacidad penal ante el delito cometido y con un trabajo efectivo de rehabilitación.


    Las propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, de Chile:





    Estas propuestas buscan modernizar la forma de enfrentar la lucha contra la delincuencia y avanzar hacia el objetivo que ha tenido el Gobierno desde su primer día: contar con herramientas eficientes para combatir el delito y, así, poder brindar mejores condiciones de paz y seguridad a todos los chilenos y chilenas.








    LA SEGURIDAD PÚBLICA DEPENDE DE:

    1.    El poder legislativo que establece las normas de juego para el funcionamiento del sistema de seguridad, es decir, el régimen legal.

    2.    El poder ejecutivo responsable de producir hechos dentro del sistema legal vigente, que permitan alcanzar los objetivos y finalidades que la seguridad publica impone.

    3.    El poder judicial, responsable de aplicar la ley a quienes han infringido las normas legales, en este caso sobre la seguridad.


    El poder Nacional deberá́ tener en cuenta la capacidad de:

    1.    Aplicarlo teniendo en cuenta el mantenimiento de una relación de poder favorable, o revirtiendo una desfavorable.

    2.    Hacer cumplir las normas de seguridad fundamentales a la población, mediante la educación y el consenso.


    3.    Controlar estrictamente el empleo de su poder para los objetivos y finalidades de la seguridad, es decir la protección de la población. Para ello debe estar en condiciones de detectar y sancionar al funcionario que emplea el poder para su interés personal.

    Dado que se ha enfatizado que el poder es una relación, se debe metodológicamente estructurar el sistema de seguridad, teniendo en cuenta la capacidad real de su violencia con respecto a la de la delincuencia (sea individual o grupal), de tal manera que pueda contener a estos.




    LA SEGURIDAD PÚBLICA EXIGE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES PODERES CONSTITUTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL.

    El gobierno, debe en forma irrenunciable preocuparse por proporcionar un marco de ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura.

    Este marco se basa en la constitución nacional, los pactos internacionales incorporados por el país a su ordenamiento jurídico, las leyes y los decretos reglamentarios.

    Un sistema de seguridad pública es responsable de organizar el mismo, en la vía pública y en sectores abiertos de acceso de la población y en lo privado, solo lo que ha podido establecer como acuerdos y coordinaciones preparados oportunamente.

    La seguridad pública, tiene responsabilidades irrenunciables que se refieren a los delitos de orden público, generalmente consignados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo, en particular en lo que hace a procedimientos. Esta responsabilidad, no se limita a la prevención, dado que es total, incluyendo la contención, la investigación, el procesamiento, la represión y la reeducación de los penados.

    No hay seguridad sin vigencia de los derechos humanos.
    No puede una población ser amparada en sus derechos humanos, sin seguridad.



    La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional. Su principal finalidad, en la seguridad de la población.

    E l poder diseñar un  sistema nacional de seguridad pública , debe de ser imprescindible que se establezca con claridad las responsabilidades que le competen a cada poder del estado (en el sentido de gobierno nacional) e incluso de los Gobiernos Regionales.

    Por ser un sistema, deberán participar todos los integrantes del Estado, desde el nivel más alto al más bajo.

    Para estos fines se necesita que la ejecución sea descentralizada, que esta se materialice en la vigencia y respeto al régimen legal. 


    La previsión y disuasión se constituyen en los pilares principales; todo esto se deberá completar con la capacidad penal ante el delito cometido y con un trabajo efectivo de rehabilitación.

    El concepto de seguridad pública puede entenderse en varios sentidos.

     Por un lado, se trata de un derecho y en este sentido las constituciones nacionales establecen que el conjunto de la ciudadanía tiene el derecho a ser protegido por el estado ante cualquier posible amenaza a su integridad personal. 

    Por otro lado, la seguridad pública es una herramienta del estado para mantener el orden y evitar cualquier forma de violencia a través de las leyes y de los cuerpos policiales.

    La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y extranjeros (residentes y turistas) para poder gozar de una vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico de todos sus derechos, sin tener que sufrir el avasallamiento de ellos por parte de terceros, y en caso de que esto suceda, tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán razonablemente, contra quienes no cumplen las normas establecidas, en resguardo de las víctimas.

    El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva más compleja que en décadas pasadas. 

    Las amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos. 

    Es el poder de policía el que se ocupa del control del acatamiento de las normas penales y actúa en caso de violación, aprehendiendo a los presuntos delincuentes, que cometan por ejemplo, robos, hurtos, pandillaje callejero, etcétera, y poniéndolos a disposición de la justicia (Poder Judicial) que se encargará de juzgarlos y en consecuencia, condenarlos u absolverlos.



    La inseguridad es un problema que golpea cada más a las sociedades de todo el mundo, relacionándosela con la pobreza extrema, con la falta de educación, con la ausencia de oportunidades, y en definitiva con la inequidad social. 

    Se cree que una más justa distribución de la riqueza y una educación basada en valores, seguida de mayor número de policías bien capacitados en el uso adecuado y responsable de sus funciones, con remuneración acorde al riesgo que soportan, y cárceles que formen y capaciten a los reos para reinsertarse eficazmente en la sociedad cuando cumplan su condena, son las medidas más óptimas para lograr la mayor seguridad pública.


    No hay comentarios.:

    Publicar un comentario