LA TRANSFORMACIÓN POLICIAL.

LA TRANSFORMACIÓN POLICIAL.

El proceso de cimentación doctrinal de las instituciones policiales se debe entender desde el esfuerzo por la construcción de Los Estados Nación en el siglo XIX y, mucho más tarde, la consolidación de las democracias en la región, a finales del siglo XX. 

En varios países de América Latina la capacidad militar se fortaleció, como consecuencia de las dictaduras y de los conflictos armados internos. 

La decisión política generalizada en la segunda mitad del siglo XX fue robustecer los ejércitos y encomendarles labores de seguridad interior. 

En tal contexto, las organizaciones de la fuerza pública, en específico las fuerzas militares, construyeron una larga trayectoria de negociación con el poder civil, fortalecieron capacidades logísticas, de infraestructura y formación de personal. 

La diferencia entre seguridad interna y externa no se ha delineado con claridad históricamente en la región y todavía hoy las fuerzas militares participan en algunos países en el mantenimiento del orden interno.

Los graves problemas de formación, equipamiento, rigidez institucional y falta de apego a doctrinas civilistas y democráticas en las policías de la región se ven agudizados por la pobre imagen pública que aqueja a la institución. 

Las raíces de tan agudos problemas de confianza en la policía son complejas y seguramente presentan matices distintos en diferentes países de la región. En esa desconfianza, pesan no solo la falta de resultados de impacto contra el crimen, sino también la prevalencia de la corrupción y el abuso policial en casi todos los países latinoamericanos.

UN RETO IMPORTANTE ES, ASÍ, “CIUDADANIZAR” LA SEGURIDAD INTERIOR.

Este concepto no denota el otorgamiento de labores de seguridad a la ciudadanía, o la intención de privilegiar automáticamente la labor de organizaciones policiales presuntamente dotadas de virtudes “civilistas”, sino la noción de que cualquier intervención en materia de seguridad debe estar circunscrita a la protección de los derechos y libertades ciudadanas, tarea en la cual convergen muchos actores institucionales. 

El cambio de paradigma con respecto a la seguridad interior de corte militar consiste en que la función de la fuerza pública y otros organismos competentes pasa a estar en función del ciudadano y no del Estado y el orden público. 

Como lo diría una Sentencia de la Corte Constitucional en el Estado Colombiano:

“… el orden público debe ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.

Este marco constituye el fundamento y el límite del poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, pero en beneficio del goce pleno de los derechos. 

En ese sentido, la preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas.

La descentralización en materia de seguridad ha sido parte de esa discusión mayor. Como mínimo, sabemos que no puede ser tomada a la ligera, como una cura simple, a partir de una ingenua relación causal que presume que a mayor cercanía con la ciudadanía mayores niveles de seguridad, o a mayor desconcentración del poder decisional al interior de las organizaciones que agencian la seguridad (como el caso de la policía, o los gobiernos locales o los sistemas de justicia, entre otros) mejores decisiones.

Tales premisas dependen, como ya se dijo, de los niveles de institucionalización, de los sistemas electorales, de los grados de corrupción, del tipo de organización policial y de justicia, y del capital social y la formación ciudadana, entre otros aspectos. 

El desafío para los países latino-americanos no es, por cierto, la recentralización, sino encontrar el modelo más adecuado de distribución de competencias entre los niveles centrales y locales acorde con las capacidades institucionales del sector seguridad.

POLICÍAS COMUNITARIAS EN AMÉRICA LATINA.

La definición de lo que ha de contar como policía comunitaria es controvertida y, de hecho, en la experiencia latino-americana se ha incluido bajo esta denominación prácticas policiales muy heterogéneas, que van desde el establecimiento de vagos mecanismos de interacción periódica entre la policía y las organizaciones comunales, hasta experimentos mucho más ambiciosos tendientes a convertir a la policía en un actor central en la vida de la comunidad. 

En términos generales, los modelos de policía comunitaria combinan la mayoría de los siguientes elementos:

·      Prevención del crimen mediante el acercamiento de la policía a la comunidad y el fomento de las relaciones de confianza mutua.

·      Reorientación del patrullaje de forma que aumente la presencia policial y el contacto con la comunidad, usualmente mediante una mayor utilización del patrullaje a pie.

·      Descentralización del mando hacia pequeñas unidades territoriales, con el fin de acercar el trabajo policial a las necesidades locales, en algunos casos definidas mediante el uso intensivo de información geo-referenciada sobre el comportamiento de la delincuencia.

·      Establecimiento de mecanismos de interacción periódica entre policía y comunidad, tendientes a favorecer el intercambio de información entre ambas, así como la definición conjunta de prioridades del trabajo policial y la rendición de cuentas por parte de la institución.

Los adelantos tecnológicos en materia de seguridad son evidentes en todo el hemisferio y van avanzando de manera vertiginosa. 

En la actualidad, los drones policiales, los softwares para análisis predictivos, el brain findegerprinting, (o escaneo cerebral para identificar con mayor precisión posibles sospechosos), los escáneres portátiles para huellas instantáneas que permiten identificar los antecedentes penales, elRadio Frequency Identification (RFID) para obtener datos e información personal a través de las tarjetas de crédito u otro tipo de tarjetas de identificación, entre otras muchas innovaciones, están a la orden del día.

Lo que parecía de ciencia ficción ahora es posible:

Todo estos con todas los dilemas éticos y prácticos que ello implica. El problema más relevante no es siempre el acceso a la nueva tecnología. 

Por el contrario, una de las características más evidentes en materia de política pública en el mundo global, es lo que autores como Sabatier & Jenkins (1999) denominaron hace algún tiempo como el “viaje de ideas”. 

Como su nombre lo indica, el mundo globalizado permite a los tomadores de decisiones públicas acceder, mediante un continuo proceso de aprendizaje, a experiencias e innovaciones desarrolladas en diferentes latitudes. Lo más complejo es la adaptación de esas innovaciones al contexto. 

Es claro que, en materia tecnológica, muchas de las ideas implementadas en América Latina tienen estrecha relación con avances desarrollados principalmente en contextos anglosajones y europeos.

La mejora de los niveles de transparencia en la policía y la recuperación de su legitimidad ciudadana plantean complejos retos de cara al futuro, entre ellos: 

• Fortalecer la cultura civilista de la seguridad ciudad-ana, a través de estrategias mediáticas, de política pública y educativas que logren desmontar la imagen jerárquica y coercitiva de la seguridad basada en un enfoque militar o exclusivamente policial.

 • Establecer seguimiento permanente al gasto del sector seguridad, a las políticas públicas que se desarrollen y a los roles y competencias de todas las instancias que hacen parte de la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana.

Se hace necesario fortalecer la investigación criminal, para generar confianza en el sector seguridad en su conjunto. 

Entre otros aspectos, debe fortalecerse la búsqueda de pruebas científicas para que los hechos, no se basen solamente en pruebas testimoniales, lo cual exige formación y recursos especializados.