miércoles, 28 de agosto de 2019

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD PRIVADA, PUEDEN IR DE LA MANO.

 LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD PRIVADA, PUEDEN IR DE LA MANO.



La seguridad publica o ciudadana y la seguridad privada, deberían de articular mecanismos de colaboración estrecha entre ambos, de manera de poder alcanzar en bien común que es la seguridad integral de los ciudadanos.

Un objetivo común.



Como objetivo de poder prever la seguridad, cuando nos preguntamos sobre los riesgos y amenazas que existen hoy de manera global, debemos destacar:

·     El terrorismo, como una amenaza directa a la vida y a la seguridad.

·     Las ciber-amenazas, por la dependencia del ciberespacio y sus vulnerabilidades.

·     El crimen organizado, como fenómeno transnacional.

·     La inestabilidad económica y la desigualdad, como base de la conflictividad social con su impacto transversal.

·     La vulnerabilidad energética, por su dependencia excesiva y la baja interconexión entre países.

·     La proliferación de armas de destrucción masiva, como grave amenaza por su dificultad de verificación y control.

·     Los flujos migratorios no controlados, con riesgo de radicalización extremista.

·     Las crecientes catástrofes derivadas del cambio climático, por su repercusión sobre el empobrecimiento de los pueblos.

·     La importancia y vulnerabilidad de muchas infraestructuras críticas, como elementos indispensables y sin alternativa, amenazadas por riesgos múltiples.



El presente y futuro de la seguridad ciudadana y privada, hoy más que nunca, ofrece una serie de ventajas muy positivas, esto debido a la existencia de proveedores con una alta especialización, clientes de los sectores públicos participantes e implicados en los proyectos, empresas de seguridad, cada vez más flexibles y en evolución, tecnologías abiertas y reglamentaciones globales, así como alianzas de colaboración entre especialistas públicos y privados.



Hoy en día la seguridad es y será el nuevo reto, principalmente en los ámbitos, publicos, de la ciudadania y empresarial, es así que los responsables se hacen más importantes en todas las entidades, con la misión de: 

·      Prevenir los riesgos.
·      Garantizar la intervención.
·      Minimizar los daños o pérdidas.
·      Garantizar la Seguridad publica. 


Es un hecho claro que, ante la gravedad de los nuevos riesgos y las amenazas que a diario se deben de afronar, es casi una obligación la colaboración a nivel operativo de la Seguridad Privada, con la Seguridad Pública. 

Es el momento de sumar esfuerzos, de mejorar la confianza entre entidades publicas y privadas.

Es a través de la  colaboración operativa que se  facilitarán las actuaciones necesarias para poder optimizar la respuesta ante los nuevos retos en la seguridad publica.
 



La seguridad, la seguridad humana y la seguridad ciudadana no son conceptos estáticos, sino que se han venido redimensionando con base en las necesidades y los hechos sociales, y se van complementado entre sí y con otra serie de conceptos que están interrelacionados, y nos permitirán a través de su estudio en conjunto, con el apoyo de las personas expertas que nos brindarán su conocimiento, generar las aportaciones y propuestas más adecuadas para combatir y prevenir conductas que afectan la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional.



LAS TENDENCIAS DE LA SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA
         


La seguridad ciudadana


En líneas generales, por seguridad ciudadana o seguridad pública, debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

 De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. 

Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o grupos de autodefensa comunitaria, cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación. 

La seguridad ciudadana, es un modelo participativo, donde sistemas fundamentales como: 

El sistema de vigilancia publica (Policía) y privado (empresa privada de seguridad), sistema penal-judicial, sistema carcelario, sistema de prevención del delito (municipios) y sistema de participación ciudadana (sociedad organizada), se integran en un organismo especializado (Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal), para generar espacios de confianza que les permita dictar normas y políticas en materia de seguridad, cumplimiento de leyes y los derechos fundamentales.

Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad ciudadana no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

 Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.  

La seguridad pública y la seguridad privada frente a la seguridad ciudadana:



En este contexto tenemos tres conceptos totalmente diferentes pero que se vinculan estrechamente en un objetivo común. Es necesario diferenciar estos tres conceptos para tener una idea concluyente respecto del futuro de las relaciones entre la seguridad pública y la privada:

1.- Seguridad privada

Nace desde la óptica empresarial para cubrir espacios privados, públicos y semi públicos, que no han sido cubiertos por las fuerzas del orden.

2.- Seguridad pública:

Nace desde el estado y se dirige básicamente al control de paros, huelgas, concentraciones de masas populares, etc. que pueden en determinado momento incumplir las leyes vigentes.

3.- Seguridad ciudadana:

 nace desde la sociedad que se organiza para hacer frente a una situación de riesgo y para promover condiciones de convivencia que les permita paz, tranquilidad y respeto de sus derechos.

EL MODELO TRADICIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA


Se han puesto en movimiento diversos recursos que limitan a su vez algunos derechos.

 El modelo represivo - coercitivo y rehabilitación social, por ejemplo, actualmente es motivo de análisis en algunos países de la región. Análisis que demuestra en sus estadísticas que este modelo como instrumento principal del sistema, ha fracasado en lo que respecta a la función de prevención de la criminalidad.

Este estado de crisis se registra en todos los frentes:

 Sea el de la prevención negativa general, es decir de la intimidación (leyes penales) de los potenciales delincuentes, sea el de la prevención positiva especial, es decir, de la reinserción social de los actuales infractores de la ley penal, y el de prevención Policial, es decir la vigilancia armada y disuasiva.

La pregunta es entonces.

 ¿En dónde y en qué momento se inserta una política integral de seguridad que sume esfuerzos de otros actores que están involucrados con la seguridad ciudadana?

Por ello desde mi punto de vista, el excelente trabajo realizado por estas instituciones (policía, fiscalía  y programas como barrio seguro) no son suficientes para reducir el problema delincuencial, por lo que es necesario implementar y fortalecer acciones estratégicas de prevención y participación ciudadana:

El futuro de las relaciones entre la seguridad pública y la privada

Personalmente creo, que las relaciones entre la seguridad pública y privada, deben integrarse en un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde la SEGURIDAD PRIVADA, se incorpore como una herramienta más del componente de “prevención policial” o la vigilancia armada y disuasiva, con una reglamentación clara definida que defina la relaciones de mando y control.

A los efectos de este análisis, se pueden presentar los siguientes escenarios de relación interinstitucional:

1.- Un relación de coordinación entre la Policía y las entidades de seguridad privada.

2.- Una relación de cooperación entre los Serenazgos y la empresa privada de seguridad, mediante convenios interinstitucionales.

3.- Un relación de participación de la empresa de seguridad privada, como una organización jurídica y ciudadana involucrada en esta temática.

Es importante tomar en cuenta que el control operacional de su actividad, debe ser asumido por la empresa de seguridad privada, a fin de que su misión y trabajo sea aprovechado y ejecutado en función de sus intereses. 

Las ciudades  que se están planificando consideran el uso de la tecnología para contrarrestar diferentes problemáticas de seguridad de impacto social como robos, atracos y hurtos a residencias, empresas y negocios en general.

Aunque no se tienen estadísticas y cifras  exactas del número de ciudades que en América Latina han implementado sistemas de seguridad ciudadana integrales, se estima que México,  Colombia, Chile, Argentina y Perú en  grandes y pequeñas ciudades de estos países, han optado por el uso de tecnologías convergentes, para contrarrestar diferentes problemáticas de seguridad que tienen un gran impacto social, tales como los robos, atracos y hurtos a residencias, empresas e industrias.

Una tecnología que hoy en día es  integradora, integrando el monitoreo ciudadano la radiocomunicación, líneas de emergencia 911, sistemas de reconocimiento de placas vehiculares, de rostros e incluso de patrones de movimiento de las personas, pudiendo estas determinar conductas sospechosas, tales como los “marcas” en las inmediaciones de los bancos, integrando alarmas vecinales y analítica  de video  sobre las incidencias delincuenciales, generando mapas interactivos del delito, , entre otros sistemas , a fin de dar protección a los   ciudadanos sin que lo noten.

URUGUAY, CURIOSAS MEDIDAS, 
DEBEMOS ESPERAR PARA VER RESULTADOS



Nota personal.

No deja de  ser, lo que en el sector privado, son bonos de productividad.

Policías pueden cobrar hasta 20% extra de su sueldo si bajan delitos

El Ministerio del Interior se convirtió en la primera secretaría de Estado de Uruguay en unirse a los denominados "compromisos de gestión", a partir de los cuales los funcionarios reciben una compensación económica por alcanzar determinadas metas. 

Los objetivos que permiten a la Policía tener un dinero extra están plasmados en un documento que se actualiza año a año.



 En el año 2017, habían 16 metas

 que se debieron llevar adelante 

en Montevideo y el área metropolitana 

En donde la baja 

de los delitos debe de ser la  protagonista.

El primer paso, llamado, "Meta 1", apunta a la "elaboración de un plan táctico para la reducción del delito" y precisa en qué porcentaje deben bajar hurtos, rapiñas, lesiones y homicidios para el 31 de diciembre de este año, tomando como base las cifras del año anterior.

Cada meta está separada según las cuatro jefaturas operacionales de Montevideo y las tres que hay en Canelones. 

Los responsables de supervisar que se cumplan los objetivos son los jefes de las zonas, de las áreas de investigaciones y comisarios comunitarios, quienes tienen como supervisores a los jefes de Policía de Montevideo y Canelones.

La compensación se divide en dos franjas:

 Según quién vaya a cobrar:

Una para comisarios, subjefes de áreas y segundos jefes de las zonas operacionales y la otra franja para los jefes de las zonas operacionales y de áreas. 

En el primer caso, por cumplir los objetivos cobran anualmente hasta $ 156 mil nominales, lo que equivale a unos $ 13 mil mensuales. Para quienes integran la segunda franja, se les paga un extra anual de hasta $ 168 mil nominales (equivalente a $ 14 mil mensuales), informaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior. 

Esas cifras son las que corresponden al año  2018, según el ajuste por Índice de Precios del Consumo (IPC), y se calculan en base a aproximadamente el 20% del total del salario de cada funcionario.

En cuanto a homicidios y lesiones, para que los funcionarios cobren la compensación salarial, en su zona debe haber una baja de 5% con respecto a las cifras de 2017. 

En ese año, en Montevideo hubo 146 asesinatos, lo que representó un descenso de 15,6% en comparación con 2017.

Para hurtos y rapiñas, la exigencia es un poco mayor. 



Si lograron reducir 5% o menos, deben llegar a bajar 7%, y 10% si hubo una reducción mayor a 5%.



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